El boletín del domingo
El correísmo ya se ve en Carondelet
El bloque correísta en el Concejo Metropolitano de Quito se dividió a la hora de votar por la ordenanza que fija la tarifa al transporte público y creó el sistema unificado de transporte. Las concejalas Brith Vaca, Gissela Chalá y Mónica Sandoval sorprendieron en la sesión del Concejo el viernes y votaron la ordenanza sin la cual no se podría financiar la operación. Ellas se habían involucrado en el proyecto. Chalá quería incrementar la cobertura de transporte para Carapungo y Calderón, mientras que Sandoval era consciente de que sin una nueva tarifa el metro era inviable. Sus votos sorprendieron porque los voceros del correísmo en el Concejo habían dicho que se iban a oponer a la ordenanza. Sin embargo, algunos concejales se abstuvieron: fue el caso de Luis Reina, considerado como el más radical de todos. Se explica porque en el correísmo se piensa que podrían retomar el poder con Andrés Arauz. Es obvio que un metro sin financiamiento afectaría gravemente el presupuesto del Estado.
Fernando Morales en modo mamerto La voz más beligerante en contra de la ordenanza que permitirá poner en operación al Metro de Quito fue la del concejal Fernando Morales. Él llegó al Concejo en la lista de César Montúfar, pero luego se distanció. Ahora dio un discurso de barricada al razonar su voto y repitió que poner una tarifa era imponer un «paquetazo» al pueblo de Quito. Morales fue uno de los pocos concejales que apoyó la carta que envió el Consejo de Participación y Control Social, CPCCS, pidiendo que no se apruebe la ordenanza con sus tarifas de 35 centavos para los buses, 45 centavos para un trayecto de metro y 60 centavos para un trayecto integral. El voto fue el viernes 27 y sin embargo Morales sigue insistiendo, en sus redes sociales, en el discurso populista del paquetazo. La otra voz beligerante en contra de la ordenanza fue la de la concejala correísta Soledad Benítez, mamá de Juan Javier Dávalos, consejero del CPCCS, cuyo pleno envió una carta al Concejo pidiendo que no se apruebe la ordenanza con el nuevo sistema tarifario.
El correísmo tras su voto duro De pronto, Andrés Arauz dejó colgadas a comedidas como Doris Soliz y Marcela Aguiñaga que se jugaron por un proyecto de ley sobre la Renta Básica Universal. No le pareció un buen momento al candidato correísta para que el país se meta en esa aventura. De pronto, el correísmo empezó a hablar de empleo y de modalidades cuyo contenido aún se desconoce: cooperativismo, trabajo que no está ligado al concepto de dependencia… Quizá todo se explique por la reunión por zoom que tuvieron Correa, Arauz y los principales del correísmo, en Ecuador y México, el 24 de noviembre. En ella precisaron los ejes de la campaña: trabajo, futuro y dignidad. Allí se ratificó un lema que debe ser repetido: “antes estábamos mejor”. El correísmo se enfocará en disputar votos en segmentos bien definidos como las mujeres, los jóvenes, los ambientalistas… La estrategia para la primera vuelta está en correr tras el voto duro de Correa: de ahí el lema “Correa es Arauz” que figura en un formulario distribuido entre voluntarios que quieren hacer parte de la campaña. Pablo Dávila, Presidente del Comité por la Institucionalización Democrática Foto: 4P
Modelo bicameral: la Comisión de Enmiendas hace lo que le da la gana ¿Es constitucional, es legal que la Comisión de Enmiendas haya excluido la reestructuración de la Asamblea, en Asamblea y Senado, como está en el proyecto de consulta popular que ustedes presentaron? En mi opinión no es ni constitucional ni legal, porque el trámite para una reforma parcial de la Constitución está establecido con claridad en el 442. Ese artículo de la Constitución empieza determinando las circunstancias en que cabe plantear una reforma parcial y luego, cuando empieza a describir el trámite, claramente establece que esto nace por iniciativa de los ciudadanos y debe cumplir un trámite en la Asamblea, mencionando dos debates que deben realizarse en el Pleno que es el órgano de máxima representación. La Comisión ha resuelto alterar la voluntad propia de esta reforma, entiéndase en la iniciativa planteada por los ciudadanos, y, por tanto, desde mi perspectiva, es absolutamente inconstitucional y es ilegal en la medida en que no hay una sola norma de derecho público que faculte a la Comisión a tomar la decisión que ha tomado.
El artículo 442, al cual aludes, es ambiguo porque dice que la iniciativa ciudadana de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea. No habla de una Comisión. Pero habla de dos debates en la Asamblea cuyo alcance no está determinado. Además, ¿qué se debería entender por tramitar? ¿Tramitar es descuartizar el proyecto como ha hecho la Comisión de Enmiendas? Pensemos por un segundo que la Comisión tiene un rol que cumplir en este proceso. La pregunta que cabe hacerse es ¿hasta dónde la Comisión puede alterar la esencia de una propuesta de reforma constitucional y de origen ciudadano? Porque si la Asamblea está queriendo asimilar, en este caso, un proceso de orden legislativo a un proceso de reforma constitucional, indudablemente van a surgir muchos bemoles en la aplicación de las normas existentes…
De hecho, la Comisión de Enmiendas lo ha asimilado porque ha hecho un informe para el segundo debate del pleno en el cual excluye el modelo bicameral. La Comisión claramente está procediendo como si esto fuese una reforma legislativa común y corriente, lo cual no es así y las normas que rigen y corrigen esto están concentradas en el artículo 442. Pero terminando el análisis que pretendía hacer, pensemos que la Comisión puede presentar este informe para conocimiento y trabajo del Pleno. El hecho concreto es que la atribución prevista en el 442 de tramitación, seguramente y de decisión de la Asamblea corresponde al Pleno. Ya hay, este momento, un primer debate de esta reforma aceptada por el Pleno de la Asamblea. Lo que ha hecho la Comisión al excluir una parte sustancial de la propuesta no es solamente limitar el derecho de los ciudadanos a decidir en las urnas cuál es la esencia de un referéndum sino también ha limitado el derecho del resto de asambleístas a pronunciarse sobre un tema sobre el cual tienen una obligación. La decisión de la Comisión, por tanto, no solo afecta un derecho de los ciudadanos, sino que compromete el trabajo y la responsabilidad del resto de asambleístas para cumplir su labor.
En este punto, se entiende que cabe dilucidar dos cosas. Una, si ese informe es ilegal e inconstitucional, como tú dices, ¿qué va a ser el pleno? Y dos, ¿qué va a hacer el pleno con un proyecto descuartizado por la Comisión de Enmiendas que le llegó completo del CNE y de la Corte Constitucional? Lo más responsable en este punto sería que la misma comisión reflexione sobre lo que ha hecho y cambie la decisión que tomaron en la última sesión. Si no lo hace, vamos a recurrir a la Corte Constitucional que es el órgano de interpretación de las normas constitucionales por excelencia. Ellos tendrán que decidir, resolver y saldar de una vez por todas estas potenciales interpretaciones que según nuestro punto de vista afectan al derecho de participación ciudadana.
El atentado al derecho de participación que cometió la Comisión de Enmiendas se refleja en que desconocieron y excluyeron parte de un proyecto de consulta popular respaldado por las firmas del 1% de los ciudadanos. No lo podían cambiar. ¿Es correcta esa apreciación? Pienso que es correcta y abonará los siguientes elementos de juicio: la reforma parcial a la Constitución tiene tres iniciativas admitidas en el artículo 442. La primera es del Poder Ejecutivo. La segunda es la que representamos en este caso nosotros y que es de iniciativa ciudadana. Finalmente, hay una iniciativa que viene de la Asamblea Nacional estableciéndose que deberán resolverlo con una mayoría de los integrantes de la Asamblea. Si la Asamblea quiere tener un protagonismo particular en un proceso de reforma parcial entonces que presente su propio proyecto de reforma de iniciativa legislativa para reformar parcialmente la Constitución. No puede montarse en un proceso cuya iniciativa no le corresponde y pretender alterar la esencia del documento y ese es el argumento principal en el que sustento que la Asamblea -no solamente la Comisión sino el Pleno de la Asamblea- no tiene atribución para alterar la esencia de la propuesta. Esto nos lleva a un elemento muy importante que es saber claramente qué significa iniciativa. No es solamente el derecho a presentar una propuesta: representa el ejercicio pleno de la facultad de haber presentado la propuesta y tener la capacidad de defenderla. En este momento, nos han coartado la iniciativa para ejercer el derecho de presentar y defender nuestra propuesta. Y cuando digo nosotros, no estoy hablando exclusivamente del Comité por la Institucionalización Democrática. Estoy hablando de todas las personas que firmaron esta propuesta. Si los ciudadanos no tuviéramos el derecho esencial a defender esta propuesta, entonces tendrían que decir No hay iniciativa ciudadana para reformar parcialmente la Constitución y manténganse la independencia del Ejecutivo porque el legislativo puede hacer, siguiendo un procedimiento ordinario, lo que le dé la gana.
En este caso sí cabe que la Corte Constitucional interprete el artículo 442 porque la Asamblea está subida, sin que nadie la faculte, en el segundo escenario previsto en ese artículo. La Corte debería decir qué es tramitar y zanjar este problema. Independientemente del resultado de este referéndum que, al punto donde ha llegado, es un proceso inédito para nuestro país, si logramos que la Corte Constitucional emita un dictamen sobre lo que acabas de mencionar -una distinción clara entre lo que representa la iniciativa popular versus la iniciativa legislativa y que explique con claridad lo que significa el trámite de la Asamblea en este procedimiento- pienso que será un avance muy importante para la democracia de nuestro país porque, penosamente, la interpretación que se está haciendo es otorgar a la Asamblea el poder de interferir no solamente un proceso de iniciativa ciudadana sino de destruir el concepto del referéndum que viene de iniciativa ciudadana. Hay ciertas personas que consideran tener el derecho, quizá la obligación, de anteponer su decisión a la decisión del pueblo cuando, en esencia, ellos, con toda la legitimidad de autoridad pública y de ciudadanos, podrían expresar su desapego o su oposición como un ciudadano más en el referéndum. Pero sin limitar el derecho de los demás a votar y expresarnos en igualdad de condiciones en las urnas.
José Hernández
Arauz y la visión oportunista de los gremios
Pablo Zambrano luce cómodo con la reunión que mantuvo con Andrés Arauz, candidato correísta a la presidencia, el l7 de noviembre en el Hotel Quito. El Director Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción precisa, incluso, la breve que 4P publicó en su boletín el domingo pasado, titulada “Empresarios a puerta cerrada con Arauz”. No fueron 8 los gremios que asistieron sino 12. Y comparte la lista. Incómodo no está: está decepcionado. Él, en particular, tiene la impresión de que lo escucharon, pero no lo oyeron. Y que aquello que oyó fue desmentido al día siguiente cuando Arauz asumió la propuesta, hecha en la Asamblea Nacional, de una Renta Básica Universal (que luego cambió). También le incomoda el uso político que hizo de la reunión Carlos Rabascall quien, además de agradecerle por la reunión, dice en un video que van a continuar los diálogos con mesas sectoriales; afirmación que en su caso desmiente. ¿Realmente un dirigente empresarial puede sorprenderse de que el correísmo no lo oiga, haga lo contrario de lo que dice y lo use políticamente? Inverosímil, pero él dice estarlo. Por una razón: esta reunión que levantó polvareda, tiene, en su concepto, características técnicas y no políticas. ¿Ingenuo? No recoge ese guante. E insiste en poner “hechos sobre la mesa, no juicios evaluativos subjetivos”. Lo dice como si la reunión con el candidato presidencial del correísmo debiera ser analizada como un ejercicio matemático, desprovisto de motivos ocultos y de lecturas políticas. Pablo Zambrano recuerda al tradicional dirigente empresarial: puede citar, y lo hace, el número de años que los líderes de esos gremios llevan reuniéndose con candidatos o presidentes. Es una costumbre. Aquella con Arauz es una más. Lo mismo hicieron, y lo recuerda, en 2006 con Rafael Correa. Y si se le responde que en 2006 Correa era un desconocido, mientras que ahora el país sabe, ha vivido y padecido las consecuencias de ese gobierno en la economía y en las libertades públicas, él circunvala hasta volver la película al inicio: los empresarios fueron invitados a esta reunión por Silvana Peñaherrera. Lo dice con aire de estar rememorando una cita ineludible. Como si haber sido invitado excluyera la responsabilidad de haberla aceptado. Y cuestiona que se haya dicho que algunos empresarios estuvieron a gusto con las explicaciones de Arauz. A él, no le gustó la reunión. Él sintió que los siete temas planteados por los empresarios cayeron en saco roto. ¿Noticia? ¿Acaso el correísmo no buscaba, y obtuvo, que esos gremios legitimaran a su candidato? ¿Legitimar? Pablo Zambrano invoca los estatutos de su organización. Los recita. De ellos destaca el deber de dialogar. Interlocutar dice, dando razón a María Moliner, quien en su diccionario dijo que se trataba de un ecuatorianismo. Dialogar, entonces, no es legitimar. Para él se trata de una tarea técnica, que trae riesgos. Los gremios tienen que dar a conocer sus posiciones. Los gremios tienen que hablar con los candidatos, basándose en análisis técnicos, sobre las posibles políticas públicas. Que esos 12 gremios, el suyo entre ellos, hayan legitimado al candidato correísta, es una acusación que no admite. Lo dice algunas veces. Y lo dice lamentando que el país esté polarizado. Y si se le pregunta quién lo polarizó, quiénes violaron el estado de derecho, quiénes se alzaron con las libertades públicas, quiénes convirtieron el diálogo en un monólogo, quiénes están proponiendo vengarse si vuelven al poder… Zambrano responde que “ni en los peores momentos del correísmo, los gremios quemaron las naves”. Ese fue su error, pero no lo admite. Los gremios, y Zambrano escucha, son fieles a su estatuto, pero lo cumplen con ahínco de desmemoriado sin entender que tienen obligaciones, más allá de dar empleo y pagar impuestos, con la nación: ser ejemplo, es una. Y claro que reunirse con el candidato correísta es un mensaje al electorado. Es caer en la trampa de Rafael Correa: él confesó haber puesto a Arauz porque tiene 35 años y puede arrastrar los votos de los jóvenes. Es obvio que saben menos de la corrupción de su gobierno, de los atentados contra la economía y las libertades y poco saben de su deseo de eternizarse en el poder. Jugar ese juego es lo que hacen en este momento esos gremios. Zambrano respeta, pero no comparte. Él dice ser pragmático. Y también dice que no le interesa la filosofía. Quizá ahí está la explicación de por qué el país no tiene las elites que necesita. Porque lo que él llama filosofía quizá merezca denominarse proyecto de país. Y con las visiones chatas de esos gremios, esa será siempre una tarea pendiente.
Martín Pallares
Escasez de jueves de ajedrez ¿Alguien pudo imaginar alguna vez que los juegos de ajedrez podrían convertirse en un commodity escaso? Pues resulta que ese fenómeno inimaginable en condiciones normales ha ocurrido y se debe al fenomenal efecto que ha tenido la serie de Netflix, «The Queen’s Gambit», que trata sobre una niña prodigio del ajedrez. Según un informe (www.npr.org/2020/11/20/936732591/cant-find-a-chess-set-you-can-thank-the-queens-gambit-for-that) de National Public Radio, NPR, de los EEUU, las ventas de juegos de ajedrez se han disparado de una forma excepcional. Solo en octubre, las ventas en Walmart subieron un 178% respecto al mismo período del año anterior. Pero al final del mes aumentaron en un 1048%. Ese fenómeno no fue únicamente en Walmart. En eBay las ventas de juegos de ajedrez crecieron en un 215% y los especialistas creen que en muy poco habrá escasez porque ningún fabricante estaba preparado para este fenómeno.
Fernández quiso ser el viudo de Maradona
En su más reciente columna (www.lanacion.com.ar/opinion/el-uso-politico-muerte-nid2523965) , el célebre periodista argentino Joaquín Morales Solá, sostiene que el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, quiso capitalizar a su favor el efecto social de la muerte de Maradona tratando de convertir al gobierno en una especie de viudo de Maradona, como hizo Cristina Fernández cuando murió su esposo y ex presidente Néstor Kirchner. “Grave error. La muerte tiene un significado humano, no político, a pesar de los esfuerzos de la política por sacar provecho de ella”. Morales sostiene que la apuesta del gobierno fue un desastre porque el velorio de Maradona, hecho en la casa de gobierno, terminó en violencia, caos y barrabravas. “La administración se equivocó porque Kirchner fue un líder político que dejaba viuda a la presidenta de la Nación. No es lo mismo. Kirchner no tuvo el genio de Maradona, pero Maradona no tuvo la dimensión política de Kirchner. Lo que sucedió durante el velatorio del expresidente fue un desfile incesante de militantes bañados de lágrimas, envueltos por un silencio casi ritual. Fue una especie de misa pagana. Otra cosa es meter el fútbol en la Casa de Gobierno, con sus pasiones y sus emociones”. Romo se fue, pero dejó bombas de tiempo (4pelagatos.com/2020/11/28/romo-se-fue-pero-dejo-bombas-de-tiempo/)
Juicio a Romo: el PSC y Creo tostaron granizo (4pelagatos.com/2020/11/25/juicio-a-romo-el-psc-y-creo-tostaron-granizo/)
De Frente con el Presidente: ¿o de espaldas? (4pelagatos.com/2020/11/27/de-frente-con-el-presidente-o-de-espaldas/)
