El boletín del domingo

Ver este email en su navegador (mailchi.mp/4pelagatos.com/el-boletn-del-domingo-cd6q337z1k?e=d6d77baed5) El socialcristianismo está que arde
Jaime Nebot tardó y tardó en dar su respuesta. Y luego, cuando dijo que no, se mostró interesado en llegar a un acuerdo con Otto Sonnenholzner y, tras su negativa, con Álvaro Noboa. Cristina Reyes, César Rohón, Henry Cucalón y Henry Kronfle, sobre todo ellos, aspiran ser los candidatos del partido. Y, al parecer, hacen parte de los decepcionados que ven con ojos inquietos a los sectores de la línea dura del PSC que están decididos a ganar como sea. El mismo Nebot es consciente de que también en el PSC hay hambres atrasadas. Incomoda puertas adentro que se incumpla una decisión que se tomó hace semanas según la cual, en el peor de los casos -si el candidato presidencial no era del partido- sería un independiente, pero no un político de otro partido como es el caso de Noboa. Pascual del Cioppo, el operador clandestino del PSC, fue a conversar con el millonario. Ese mismo círculo arguye, basado en una encuesta de Informe Confidencial, que los cinco precandidatos socialcristianos no tienen mayor opción y es mejor ir con un candidato que, además de tener una inmensa chequera, les garantizaría una mejor representación en la Asamblea. En Quito hay socialcristianos perplejos: se preguntan cómo hará ese partido, si concluye esa alianza, para hacer campaña por un personaje que algunos no solo no respetan sino que consideran como “la peor ralea” de la derecha.
Sonnenholzner sigue deshojando margaritas… Cuando Otto Sonnenholzner renunció a la Vicepresidente nadie dudó de que sería candidato presidencial y muchas fichas se movieron pensando en esa posibilidad. Es más, aparecía como muy opcionado en las encuestas y no faltaron hasta académicos que ensalzaron su perfil. Sin embargo, ahora él genera dudas de que, finalmente, se decida a ser candidato. Se supo que no quiso correr con los colores socialcristianos y ahora, que se han perfilado casi todas las candidaturas, él sigue en silencio. ¿Quién está con Sonnenholzner? es la pregunta que se hacen en los corrillos electorales pues no se conoce quién lo apoya o en quiénes está pensando él, para activar para su base de aliados. Una fuente de Guayaquil dijo a 4P que Sonnenholzner se manifestará cuando “todos hayan botado sus cartas”.
CNE: el casillero ganador es el 5… ¿Qué tiene el número 5, registrado en el Consejo Nacional Electoral, como para que el correísmo, que puede competir con cualquier otro partido, haya llevado a cabo, abierta y solapadamente, una guerra para poderse inscribir con ese número? Ninguno de los involucrados en este caso admitirán que, tras la defensa de cuatro partidos inscritos irregularmente, por lo cual la Contraloría pidió cuentas a funcionarios del CNE, existe un apoyo abierto al correísmo. Pero en esa guerra Diana Atamaint arriesgó su cargo y nada asegura que no lo pierda. Los consejeros socialcristiano José Cabrera y la correísta Esthela Acero han hecho equipo con ella en este tema. Por la misma causa, los jueces Fernando Muñoz y Joaquín Viteri del Tribunal Contencioso Electoral emprendieron un mano a mano con la Contraloría que la Corte Constitucional no ha zanjado. Esos jueces dirán que no, pero bien mirado jugaron billar a tres bandas con el Contralor Pablo Celi. Se unieron los jueces Arturo Cabrera y Patricia Guaicha. El número 5 no es sinónimo de derecho de participación porque ese derecho lo podría ejercer el correísmo con otro número. Ese casillero en el CNE es un misterio y en altas esferas de la administración se maneja no una hipótesis sino una tesis: que ese número está bendito. Como ocurre en esos casinos donde no conviene entrar, porque el juego está matemáticamente predeterminado y, pase lo que pase, la bola de la ruleta cae en el mismo número.
¿Vargas e Iza quieren diezmar a Yaku Pérez? Jaime Vargas y Leonidas Iza han creado un tsunami en el movimiento indígena: han violentado los procesos de democracia interna que se llevan a cabo en Pachakutik. Todo esto porque Yaku Pérez fue escogido como candidato presidencial. Esa postura radical no solamente amenaza la candidatura de Pérez, sino que podría aupar la ruptura, división y potencial desaparición de Pachakutik. Esta es la percepción de activistas amigos de esa organización. En esa visión, Vargas e Iza boicotean a Pérez que es, de los tres, el que mejor puede llegar a sectores más jóvenes y urbanos de la población. Incluso no descartan que, por la dispersión de votos, Pérez pudiera llegar a la segunda vuelta. La tesis de fondo es que Iza y Vargas buscan mantener el control de las bases de la Conaie y pretenden que Pérez arranque el proceso electoral orgánicamente diezmado y estructuralmente debilitado. En el fondo, los acusan “de hacer el juego a la derecha”. Para justificar sus tesis radicales. Juan Pablo Albán, Director de los Consultorios Jurídicos de la USFQ y profesor de Derecho Internacional y DDHH Foto: El Universo
Detención de Bucaram: no puede haber un trato diferenciado
De Michel Foucault se puede derivar una premisa: las sociedades se retratan en la forma como tratan a los viejos, a los locos… O a los delincuentes o presuntos delincuentes. ¿Estás de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo sin duda. Hay un famoso profesor de derecho penal y de criminología que ha enfocado sus estudios en la pena: Anthony Tuff. Él habla mucho de cómo, en general, la pena es una forma de comunicar cosas a la sociedad. Eso es extensible también a los procesos penales. No es solo la imposición de la pena sino la forma en la que se adelanta el proceso penal, la espectacularidad natural que él mismo tiene. Pero además, hay casos con un interés público particular por quién es el acusado o cuál es el hecho.
¿Qué se buscó comunicar en la forma cómo fue detenido Abdalá Bucaram? No le vamos a dar cuartel a la corrupción, primero y, segundo, no le vamos a tolerar ningún comportamiento desviado a quien desde hace tres décadas ha venido afectando al país en distintos niveles. Pero finalmente es tan exagerado que termina provocando un efecto inverso: que la conducta de la policía, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía impacten de forma negativa en la sociedad.
La policía podrá decir que eso es su protocolo. Que así procedieron en el caso de Fernando Villavicencio, Paola Pabón y en otros casos de delincuentes de marca mayor. La pregunta aquí es: ¿ese protocolo no debe ser revisado para que sea usado en armonía con la persona a la que van a detener? La verdad es que deberían ser tratados todos los procesados de forma igual. No creo que se justifique la espectacularidad en ciertos casos que tienen un componente político y un perfil muy bajo en relación con otros casos. Hemos visto este tipo de operativos últimamente cuando se están desarrollando investigaciones contra personas que han incursionado en la política y que desde su espacio de poder han cometido delitos abusando del ejercicio político. Pero no lo vemos, por ejemplo, respecto de las redes de trata de personas o de personas que hayan cometido delitos sexuales. Es muy curioso.
La diferencia a la que hacía alusión se basa precisamente en el tipo de delito y en la peligrosidad o no del supuesto delincuente. ¿Esas diferencias no pueden incluirse en el protocolo? Efectivamente. Creo que debería utilizarse unos criterios de necesidad, de proporcionalidad, de gradualidad inclusive como es en cualquier otra manifestación de uso de fuerza. Porque, finalmente, la forma cómo se desarrolló el operativo es una manifestación de uso de fuerza cuya legitimidad no voy a discutir. Pero sí creo que fue fuerza excesiva. Sí debería existir un protocolo sobre la forma en que se van a efectuar los operativos para detenciones, investigaciones, allanamientos de domicilios u oficinas atendiendo a las particularidades del caso y a las condiciones de la persona que es objeto de la medida. Pienso que hoy por hoy el protocolo es cómo hacemos escándalo, cómo hacemos circo cuando se trata de un caso cargado políticamente.
Abdalá Bucaram se estaba presentando a la Fiscalía. ¿Por qué dejarlo que se acueste para ir a romper las puertas de su casa y entrar de la forma brutal que revisten este tipo de allanamientos. ¿Hubo, dices tú, uso político de la intervención? Sí, porque no hay ninguna razón jurídica que justifique que se lleve a cabo de esa manera un proceso de allanamiento y detención, pero sí hay muchas razones políticas para hacerlo. Es evidente que Diana Salazar tiene aspiraciones mucho más allá del cargo que este momento ostenta. María Paula Romo quiere volver a legitimar a un gobierno que ya no tiene nada de legitimidad. Y la forma de legitimar es hacer este espectacular operativo con la policía y, además, emitir juicios de valor en las redes sociales sobre la responsabilidad anticipada de una persona a la que todavía no le formularon los cargos. Entonces, jurídicamente no hay sustento, pero políticamente se puede justificar por muchas razones.
Aquí hubo uso de un canal en esta intervención. Hubo reglas deontológicas que fueron ignoradas, lo que permitió atentar contra la intimidad de una persona en su cama. ¿Cómo ves, legalmente, este uso de la prensa para los fines que buscaban quienes autorizaron su presencia? En nuestro modelo de justicia penal, los procesos de investigación previa, que se llevaron a cabo en ese momento, son absolutamente reservados. Y la divulgación de información producida en el marco de una investigación previa es delito. El artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal determina que la persona que divulgue esa información podrá ir a la cárcel entre uno y tres años. Aquí se cometió un delito que, obviamente, la Fiscalía no va a investigar. Segundo, está vigente la Ley de Comunicación y en esa ley hay reglas sobre la publicidad de los asuntos judiciales que no fueron observadas en este caso y eso debe abarcar, por supuesto, la fase pre procesal de investigaciones. Y, finalmente, es una norma en el Código Orgánico de la Función Judicial que se refiere al principio de publicidad procesal, contemplado en la Constitución, y esa norma determina que las actuaciones serán públicas excepto cuando la ley determine específicamente lo contrario. Entonces desde el punto de vista jurídico hay demasiados problemas con esa entrada de Teleamazonas junto con el equipo de Policía y Fiscalía. Pero, más allá de eso, desde el punto de vista de la ética periodística creo que los medios de comunicación no pueden convertirse en caja de resonancia del poder de turno. Eso lo criticamos de manera muy fuerte respecto a los medios públicos cuando era la administración de facto de Rafael Correa. No hubo, entonces, mucha reflexión sobre las repercusiones éticas de participar de esa manera.
Tanto el Ministerio de Gobierno como la Fiscalía han desligado su responsabilidad en este asunto. Legalmente, ¿a quién corresponde la responsabilidad en operativos de este tipo? En mi opinión a la Fiscalía General del Estado. La razón es que como determina el COIP cuando se trata de investigaciones preprocesales o procesales, la Policía actúa como una fuerza auxiliar y a órdenes de la Fiscalía. Esto significa que el fiscal que iba a ejecutar la detención para investigaciones, podía decidir quién ingresa y quién no. Ese fiscal recibió indicaciones desde cargos más altos, no necesariamente de la doctora Salazar.
Mientras se llevan a cabo las investigaciones, ¿qué lección deja este penoso evento? Hay varias. La primera es que la Fiscalía debe recordar que es un órgano oficial de acusación que representa a la sociedad. Esto significa que, tanto como tratar de esclarecer los hechos delictivos y que se impongan las sanciones a los responsables, debe procurar también que se garanticen los derechos de las personas sujetas a investigación o que han sido imputadas o procesadas. La segunda lección tiene que ver con los medios. Que se autorregulen es lo óptimo y tienen que hacer una reflexión sobre las implicaciones éticas de ingresar, junto con personal de seguridad del Estado y con la Fiscalía, a un domicilio donde se va a practicar una diligencia que debe ser reservada, porque así manda la ley. Más allá de las implicaciones penales, el propio medio tiene que hacer una reflexión sobre esa actuación. Y lo coherente sería que, si es un medio objetivo, que quiere garantizar que con su trabajo se construya democracia, debería tomar la decisión de no participar. Quizá cubrir los exteriores pero no ingresar al domicilio. Un tercera lección importante es cómo hay un trato diferenciado dependiendo de quién es el potencial investigado o acusado. En este país ya no importa cuál es el delito, importa quién está acusado y si es una persona impopular en el imaginario colectivo, ya está condenado de antemano en las redes. Por eso mismo, creo que debe haber protocolos de actuación estándar para que haya un trato igualitario. Segundo, debe haber un compromiso de las autoridades del Estado, tanto la que es parte procesal en los procesos penales que es Fiscalía como la que representa al brazo ejecutor de las decisiones de la política pública, que el poder ejecutivo debería abstenerse de emitir juicios de valor, porque eso pone presión a los jueces. No se trata de que no tengan libertad de expresión los funcionarios públicos. Diana Salazar y María Paula Romo tienen libertad de expresión. Pero, precisamente porque ejercen una función pública, la propia Corte Interamericana en los casos de Globovisión y RCTV determinó, hace ya muchos años, que tienen que ejercerla con mucha más responsabilidad que el ciudadano común y corriente, porque lo que dicen puede tener repercusiones negativas en el ejercicio de los derechos de las personas.
José Hernández
Atamaint es además totalmente ineficiente
El informe que causó espanto a Diana Atamaint, presidenta del CNE, tiene apenas tres páginas. Es una matriz elaborada por Enrique Pita, vicepresidente del CNE, y su equipo, en la cual se registran: las actividades previstas en el cronograma electoral para las elecciones 2021, la fecha de inicio, la fecha de fin, los días previstos para cumplirlas, los días de atraso y el porcentaje de avance. La conclusión es lapidaria: de las 66 actividades previstas en ese cronograma, hay atrasos monumentales en la mayoría. 41 están resaltadas en la matriz en amarillo por ser consideradas críticas. Lapidaria también es la carta de Pita a Atamaint que acompaña el informe: está fechada el 12 de agosto y tiene un párrafo de siete líneas, con copia a los consejeros Esthela Acero, José Cabrera y Luis Verdesoto. El vicepresidente del CNE, que compone la minoría de ese consejo con Verdesoto, dice su preocupación por los atrasos que detalla y considera urgente que “se asuman las acciones pertinentes a fin de que se corrija esta grave situación”. Y pide que los responsables de las áreas señaladas informen al pleno sobre las causas del estado actual y las medidas y acciones que tomarán para remediarlo. Atamaint acusa recibo del informe. Apenas lo recibió, escribió a los directores electorales de las 24 provincias. En su carta, con la misma fecha (12 de agosto), dispone “que las actividades ejecutadas en la jornada laboral deben tener relación exclusiva con el cumplimiento de los hitos que conforman el calendario electoral”. El campanazo de Enrique Pita la hizo tomar conciencia del retraso de un calendario electoral que fue aprobado el 12 de marzo pasado y cuyas directrices fueron actualizadas el 23 de julio pasado. Pero ni ella ni sus funcionarios se habían percatado de los atrasos monumentales que ha acumulado su calendario. Pita se los muestra en 16 capítulos que van desde el presupuesto y el control del gasto electoral hasta la infraestructura tecnológica y la seguridad informática. Su auditoría muestra la gestión absolutamente deficiente de Atamaint; del trío que gobierna el Consejo Nacional Electoral en su conjunto. Trece de las actividades juzgadas como críticas tienen atrasos de alrededor de 150 días. Hay incluso una (Planificación de la Capacitación Electoral -cronograma, plan específico, matriz de riesgos-) que tiene un retardo de 213 días. La matriz, que ahora conoce Diana Atamaint, muestra que el avance promedio en la infraestructura tecnológica es apenas del 19%, de 20% en seguridad informática y de 31% en los sistemas de elecciones. En la matriz se ve un avance promedio de 25% en “Contratar el servicio de internet y enlaces de datos entre el Centro de Datos principal con los CDA, CPE y bodegas para el proceso electoral 2021” y “Contratar el servicio de licenciamiento de software, Shareplex(2011), toad dba(2011), licenciamiento de office)”. El avance es de cero por ciento en “Contratar e implementar el servicio de tecnología para la publicación de resultados en la Nube”. Hay ocho actividades que tienen 0% de avance. Entre ellas, la “Configuración e implementación de la infraestructura tecnológica de seguridad informática”. Este panorama retrata sin duda la situación real de un CNE gobernado por el correísmo, el morenismo, Pachakutik y el socialcristianismo. Una politización absoluta a favor de sus intereses basada en Atamaint, Acero y Cabrera; el trío que ha convertido el CNE en una institución que recuerda los peores momentos del reparto y la desvergüenza en la mal llamada era de la partidocracia. Y una ineficiencia administrativa absoluta que refleja su adicción a nombrar en cargos de responsabilidad a personas totalmente inoperantes, algunos con pasado delictivo, ligadas al correísmo. Así todo, hasta los atrasos señalados por Enrique Pita, tiene una explicación.
Martín Pallares
Seis preguntas sobre el covid al Dr. Fauci El sitio Now This, que se ha hecho famoso por sus videos en redes, ha publicado uno de apenas 5 minutos (https://twitter.com/nowthisnews/status/1294464578810716161?s=20) en el que se hacen seis preguntas a Anthony Fauci, el director del Centro de Control de Enfermedades de los EEUU y considerado como el mayor experto en el mundo sobre el tema. La primera pregunta es sobre si el virus se contagia más a través de los objetos físicos o del aire. Fauci responde que la transmisión por el aire entre dos personas es, de largo, la forma predominante de contagio. La segunda pregunta es si el virus puede vivir en objetos físicos. Fauci responde que en efecto se ha visto que el virus puede estar vivo hasta durante 72 horas en objetos físicos, pero que su capacidad de transmitirse a través de ellos es mínima. La tercera pregunta es si las mascarillas son tan eficientes como se dice. Fauci asegura que sí y que si se pudiera obligar a la población a usarlas, cosa que ha sido muy difícil en EEUU, la situación sería mucho mejor. En ese sentido, sostiene que el ejemplo de los líderes utilizando mascarilla es clave. La quinta pregunta es si alguien que ya estuvo enfermo podría infectarse nuevamente. De acuerdo al experto, el que ha superado la enfermedad va a tener anticuerpos que lo protegerán sin duda. El problema, dice, es que hasta ahora no se ha podido saber qué tiempo duran esos anticuerpos. Lo mismo con la vacuna: aún es imposible saber por cuánto tiempo va a ser eficiente en el cuerpo para proteger a las personas. La sexta pregunta es sobre los efectos a largo plazo de la enfermedad. «No sabemos mucho», dice, pero advierte que hay muchos casos de sobrevivientes que luego de semanas sufren de debilidad y cansancio: «esto -dice- es desconcertante». Es un video que vale la pena ver por lo corto y pedagógico.
Nye: el peor peligro para los EEUU es Trump
Joseph Nye es considerado como uno de los más importantes y lúcidos internacionalistas y expertos en política internacional de los EEUU. Este profesor de la Universidad de Harvard fue funcionario en los gobiernos de Jimmy Carter y Bill Clinton y asesor del Departamento de Estado y de Defensa durante la administración de Barack Obama. En una entrevista (www.perfil.com/noticias/actualidad/joseph-nye-trump-es-el-problema-mas-grande-para-estados-unidos.phtml) que hace el diario argentino Perfil, y que vale la pena leer para entender qué podrá pasar en el mundo luego de la pandemia, este académico sostiene que el mayor riesgo para el liderazgo internacional de los EEUU es su presidente. Ni el ascenso de China ni los complots de Rusia son tan peligrosos como la capacidad destructiva de Trump. “Trump es el mayor problema para Estados Unidos. Básicamente ha debilitado el sistema de alianzas estadounidense y socavado el sistema de instituciones multilaterales que han sido construidas en los últimos 75 años. En mi libro, Why morals matter, analizo a los catorce presidentes desde 1945. Todos los anteriores a Trump han puesto mucho énfasis en crear alianzas e instituciones multilaterales. Trump es el primero que esencialmente está retirándose de ese multilateralismo. Esa es la mayor amenaza. Creo que podemos gestionar el ascenso de China. Pero no podemos manejar la autodestrucción que está creando Trump”. Una lectura, sin duda, imprescindible. El invento útil a políticos de toda pelambre (4pelagatos.com/2020/08/13/el-invento-util-a-politicos-de-toda-pelambre/)
Larrea, el mayor animal político de la campaña (4pelagatos.com/2020/08/14/larrea-el-mayor-animal-politico-de-la-campana/)
Noboa lo intenta por sexta vez (4pelagatos.com/2020/08/12/noboa-lo-intenta-por-sexta-vez/)
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