El boletín del domingo

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Valencia y Carrión: yo fui primero El último tramo del impasse entre el ex embajador en Washington, Francisco Carrión, y el gobierno de Lenín Moreno ocurrió la mañana del lunes 6 de enero en la cafetería Sweet and Coffee de la Amazonas y Roca, en Quito. Hasta ahí fue Carrión, que había llegado unos días antes a Quito en vacaciones, atendiendo una llamada del canciller José Valencia: quería conversar con él. Carrión ya sabía que le iban a pedir la renuncia. Su relación con Cancillería ya no fluía. Llegó con la carta en una carpeta para mostrársela al Canciller. Quizá por eso, ambos se adjudican haber dado el primer paso. El hecho cierto es que Carrión dijo al Canciller que para facilitar el proceso entregaría, ese mismo día, la carta de renuncia en Carondelet. Carrión así lo hizo y para ello fue hasta el Palacio de Gobierno. Carrión dice haber llamado a Rosángela Adoum, asistente del presidente Moreno, y haberle pedido que pusieran atención a su carta. Al día siguiente apareció en Carondelet Juan Sebastián Roldán, frente a la prensa, y anunció que el gobierno había pedido la renuncia a Carrión. Un gesto innecesario. El resto se conoce: Carrión publicó un comunicado en el que resumió el texto de la renuncia y reveló los datos sobre los sobrevuelos de los aviones estadounidenses. Ahora, Carrión ha sido llamado a la Asamblea para que informe sobre los detalles de lo que dijo en su carta de renuncia; algo que puede traer cola políticamente.
Correa y Fausto Ortiz en Twitter Eran las 3 de la mañana del martes 7 de enero cuando Sebastián Corral, gerente de Teleamazonas, se levantó obligado por un acceso de tos. Miró Twitter y se encontró con un dato llamativo: Rafael Correa había hecho un comentario a un tuit puesto por el economista Fausto Ortiz y en el que se refería al artículo 286 de la Constitución que trata sobre los ingresos y egresos permanentes del presupuesto del Estado. “Hablemos hoy en la reunión”, decía Correa a Ortiz en su comentario. Sorprendido, Corral hizo una captura de la imagen y la tuiteó con un pregunta: “¿Qué está pasando?”. El contenido del mensaje hacía pensar que Correa había coordinado un encuentro, virtual o personal, con Ortiz. El tono coloquial y casi doméstico del tuit de Correa también lucía muy extraño. Al poco tiempo, Correa borró su mensaje. Ortiz fue ministro de Finanzas de Correa por muy poco tiempo al inicio de su primer mandato y renunció cuando se negó a firmar los papeles relacionados con las incautaciones de los bi enes de la familia Isaías, por considerarlos ilegales. El tuit de Correa hace suponer que esa relación se mantiene viva y en buenos términos.
El fiasco minero de Chávez y Correa Gran Nacional Minera Mariscal Sucre es el nombre de la empresa minera que Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador crearon en 2010 y, se suponía, sería una asociación exitosa dentro de los acuerdos de la ALBA. Ecuador tenía 51% de acciones y Venezuela 49%. El mismo año, la empresa recibió la concesión minera El Reventador para la exploración de minerales no metálicos y la concesión minera Mompiche para la exploración de minerales metálicos. Pero la empresa casi nunca funcionó y el edificio donde estaba alojada en la Av. República, en Quito, está prácticamente abandonado. Ahora la Contraloría emitió un informe en el que señala que la empresa no cumplió ni una sola de las obligaciones ambientales; es decir, no reparó los daños que causó, no presentó auditorías mineras, no presentó los informes obligatorios a pesar de haber tenido los recursos asignados por el Fondo Ecuador-Venezuela. Tampoco cumplió con las inversiones mínimas, aunque hizo exploración avanzada que no es taban en el contrato en ambas concesiones sin la autorización del Ministerio Sectorial. En otras palabras, nunca se supo exactamente qué hizo en la zona, pues operó como si hubiera sido clandestina. La empresa se liquidó en el 2018 con el argumento de que las concesiones no eran buen negocio…
Mucho ruido y (por ahora) pocas nueces Esta semana la Unidad de Lavado de Activos hizo un anuncio: en Otavalo y Cotacachi fueron detenidas dos personas que, según su comunicado, hacen parte de una organización delictiva dedicada a la Asociación ilícita, Enriquecimiento Privado no Justificado y Defraudación Tributaria. Uno de los detenidos es el padre de Gabriela Rivadeneira. La investigación empezó en abril de 2019 cuando Iván Granda, entonces Secretario Anticorrupción, y la Directora del SRI hicieron saber a la Fiscalía que Worley Parsons International, empresa metida en algunos escándalos, era el principal cliente de Jorge Antonio Piña Alcivar. Él es propietario del Hotel Flamingo, cuyo administrador era Pedro Rivadeneira Sandretti, padre de la ex asambleísta correísta. Al parecer las declaraciones de renta de Piña no tienen relación con lo acreditado por el sistema financiero nacional. Piña sería el propietario de una cuenta de Rivadeneria donde habría recibido, en 6 fechas, dinero proveniente de Estados Unidos. Además, el papá de Rivadeneira, cuyas cuentas (modestas, según la investigación) tampoco cuadran, está vinculado con quien aparece como principal protagonista: Mauro Flores Guerra. El desfase (ingresos reportados con ingresos declarados) de Flores es de casi seis millones de dólares. La Fiscalía lo vincula con Rivadeneira en la venta ficticia -dice- de una casa por 171.500 dólares. Por ahora parece mucho más embarrado Flores Guerra (el juez dictó prisión preventiva) que el padre de la ex asambleísta (tiene que presentarse ante el juez y no puede salir del país). En la Fiscalía hubo mucho ruido, pero…
No dar papaya a los correístas En principio, el gobierno no podía oponerse a que los tres asambleístas correístas (Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri)y el asambleísta alterno Luis Fernando Molina abandonaran el país. Cuando se refugiaron en la embajada de México, el 13 de octubre, no pesaba sobre ninguno de ellos orden de detención alguna. Por eso permitió esta semana que nueve personas, en total, tomaran un avión rumbo a la capital mexicana. Fuera de esa consideración hubo otra: evitar cualquier tipo de incidente con el gobierno mexicano. Ecuador está empeñado en ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Es una prioridad. Para ello debe tener acuerdos comerciales con los cuatro miembros. Ya tiene con Chile, Colombia y Perú. Con México se adelantaron negociaciones el segundo semestre del año pasado. La presencia de correístas en la embajada podía ser motivo de cualquier incidente: el gobierno prefirió eliminar esa posibilidad. aquarelacumbaya.com/4p/
Patricio Vivanco, Abogado de Jamil Mahuad Foto: La República
Mahuad es inocente pero no lo pueden declarar inocente
Los 20 años de la dolarización y de la firma de la paz con el Perú han colocado al ex presidente Jamil Mahuad en el centro de la conversación pública. Sin embargo, muy poca gente conoce con exactitud lo que ocurre con el juicio en su contra en el que la defensa ha planteado un recurso de casación. ¿En qué punto está ese juicio? El único juicio penal que tiene el ex presidente también cumple 20 años. En marzo del 2000, mediante una denuncia de la Comisión Anti Corrupción, el juez Galo Pico inició un proceso penal. El único argumento, como prueba, era el Decreto Ejecutivo firmado por el entonces presidente Mahuad para la reprogramación de los depósitos en el sistema financiero, conocido comúnmente como feriado bancario. Ese es el único tema, ese es el argumento y esas son las pruebas con que se inicia el proceso.15 jueces se han encargado del tema. En 2016 se hizo un sobreseimiento provisional: eso significaba que los jueces no encontraban prueba alguna para continuar con el proceso y había que esperar un año para lo definitivo. Pero este juicio, desde el inicio, ha tenido la más pesada carga política de la historia del país. Todos los gobiernos, desde el primero hasta el último, han utilizado el tema en momentos de crisis y han presionado a los jueces sobre el asunto. Este es el caso más ignominioso de la historia judicial del Ecuador porque ha durado 20 años.
¿Cómo explica que no se haya movido el caso desde entonces? No hemos hecho nada para paralizarlo. Es la justicia la que no se ha movido. ¿Por qué? Porque los plazos de ese proceso se han ajustado a los intereses políticos de los gobiernos de turno. Si se hace un análisis de las fechas de las decisiones importantes durante los 20 años del proceso, se encuentra que en cada gobierno cuando ha habido una crisis, una reforma constitucional o algún problema político que querían tapar, se usó el caso Mahuad. Eso es evidente. Yo podría demostrarles con días, meses y años el uso político del proceso.
En la sentencia se dice que la Justicia tuvo en cuenta la conmoción social que vivió el país, lo que, en efecto, hubo. Hubo casos humanos dramáticos. Eso no es delito. En las sentencias y en las declaraciones de los jueces textualmente se dice que esto es porque el pueblo lo pide o que la ciudadanía lo reclama. Pero no tienen ningún argumento. El delito por el cual el ex presidente Mahuad está enjuiciado es el de peculado, que es un delito de apropiación. Para condenarlo tienen que demostrar que se ha beneficiado con un solo dólar del Decreto Ejecutivo del feriado bancario.
¿Qué expectativa tiene sobre el recurso de casación que ustedes presentaron? Dos cosas: acabamos de pasar una evaluación a los magistrados como parte del proceso de renovación de la Corte Nacional. Salieron 26 mal calificados; es decir, no estaban aptos para esa función. De los que salieron, tres fueron los del caso Mahuad. Está demostrado, entonces, que los jueces que estaban conociendo el caso del ex presidente no tenían idoneidad, capacidad e independencia. Y ahora la nueva sala de lo penal está integrada temporalmente por jueces provinciales. Eso significa que estos candidatos temporales son candidatos o aspirantes a la reelección en la Corte y todos van a participar del nuevo concurso para ser designados titulares. Eso, en la práctica, significa que sus decisiones estarán pensadas en la calificación que esperan tener en el nuevo concurso y esa calificación, sin duda, estará marcada por el tema político.
¿No será más bien al contrario? Que la dolarización cumple 20 y hay un momento político diferente. Podría ser que juegue a favor de que se valoren más las pruebas que las circunstancias políticas de antaño. No creo que es problema de méritos ni de cómo la persona que está siendo enjuiciada se comportó. A mí tienen que probarme, con elementos de convicción, depósitos y cuentas de dinero. Y aquí ni la Fiscalía ni la Contraloría que tenía que emitir un dictamen acusatorio ni la Procuraduría, lo han hecho. Lo único que hay es el Decreto Ejecutivo por el cual el presidente Mahuad reprogramó los depósitos.
¿No es entonces optimista de lo que pueda salir del recurso de casación?Sinceramente no. Yo prefiero esperar los jueces titulares de este proceso de reestructuración de la Corte a estos temporales que son candidatos. Prefiero a los jueces titulares que serán nombrados en un concurso y tendrán seis años de seguridad en sus cargos.
Luego de 20 años, ¿quiénes están empujando desde la parte acusadora? Los mismos de hace 20 años: los denunciadores. No hay más, pues no está la Fiscalía ni la Contraloría.
¿Quiénes son? Jorge Rodríguez, que no ha podido presentar una sola prueba. Está únicamente sustentado en el tema político. El golpe de Estado tenía que ser tapado o justificado con el enjuiciamiento de Mahuad. He seguido durante 20 años a los magistrados, a los secretarios, a todos y en más de una ocasión los ministros que estaban conocimiento el proceso me dijeron, textualmente: doctor Vivanco, Mahuad es inocente pero no lo pueden declarar inocente.
¿Mahuad está acusado de peculado? Originalmente el delito era el de abuso de autoridad, pero como ese ya prescribió se inventaron el de peculado, que no prescribe. Ahora el tema está en casación, no se ha sorteado jueces y esperemos que los jueces tomen una decisión jurídica y no política. Es inconcebible que un ex presidente esté con orden de prisión por un acto de gobierno. aquarelacumbaya.com/4p/
José Hernández
Odebrecht, información a cambio de impunidad
En teoría, luce bastante evidente. Pero en la realidad la Fiscalía General de la Nación tiene problemas para explicar por qué Odebrecht no aparece entre los acusados en el caso Sobornos 2012-2016. En general, esa bandera la están levantando algunos abogados y, sobre todo, algunos políticos por obvias razones. No hay respuesta que les valga, pero hay algunas respuestas. La principal se encuentra en el acuerdo que el Fiscal General Carlos Baca Mancheno firmó con la empresa brasileña, en junio 2017, tras meses de conversaciones iniciadas por Galo Chiriboga. Baca dijo entonces que ese acuerdo no comprendía la parte penal. Un argumento falaz. La empresa corruptora por supuesto se reservó el privilegio de otorgar o negar el acceso a la información. Quien quiera saber lo que ocurrió en su país, qué funcionarios fueron coimados y cómo funcionó ese mecanismo, debe aceptar algunas condiciones. Una de ellas es que los funcionarios de Odebrecht no pueden ser perseguidos. Esta realidad puede venir disfrazada, en el acuerdo, de múltiples formas. Pero esa es la condición para acceder a la información. Por eso es que no hay perseguidos de Odebrecht en algunos países (República Dominicana, Perú, Estados Unidos…). Y en otros, como Colombia, que no quiso hacer el acuerdo, se quedó sin información. La empresa, además, afirma que su delito ya fue juzgado en Brasil. Un argumento que irrita a algunos que responden que allá no se pudo juzgar lo que Odebrecht hizo aquí. Y que aquí no se está juzgando a aquellos que cohecharon. Como quiera que sea, esa es la realidad. La Fiscalía -y no con la actual Fiscal- negoció información a cambio de impunidad. Y sin esa información muy posiblemente Jorge Glas seguiría de Vicepresidente, dando, al igual que los otros corruptos, lecciones de ética pública. No hay cómo olvidar que José Conçeiao Santos, ex representante de la empresa brasileña delató al tío de Jorge Glas, encargado de recoger las coimas. Su testimonio, obtenido de forma anticipada, es una de las tres piezas mayores que tiene la Fiscalía en el juicio sobre los sobornos 2012-2016. Las otras dos son los testimonios de Pamela Martínez y Laura Terán. Puede parecer poco jurídico o incluso antiético: pero en este caso si Odebrecht no hubiera hablado, el país nada sabría de los corruptos que recibieron coimas a cambio de contratos. Pretender hacer creer que se podría haber obtenido la información de Odebrecht y, a la vez, perseguir a sus representantes en Ecuador, es pensar con el deseo. O simplemente pretender sacar réditos políticos a un imposible.
Martín Pallares
¿En un incendio salvaría a una cucaracha o a un bebé?
Los reparos que se hacen a ciertos grupos de animalistas radicales se hacen más comprensibles cuando se observa un video en el que aparece una concejal de Bogotá, considerada como animalista, sin poder contestar una pregunta sencilla. El video no tiene desperdicio. Ahí se ve a la conocida periodista colombiana María Jimena Duzán de la revista Semana preguntando a la concejal Andrea Padilla ¿a quién salvaría en un incendio? ¿A un bebé a una cucaracha? Ante la pregunta, la entrevistada empieza a dar vueltas y explicaciones. “No puedo dar la respuesta porque la situación es ficticia”, dice la concejal tratando de eludir el dilema que le planteó la periodista dentro de un debate sobre la tauromaquia, un tema que se ha vuelto muy debatido en Colombia. El valor del video radica en que señala una característica de los radicalismos que han aparecido globalmente en muchos temas de interés público, entre esos el de la obsesión que se ha desatado en redes sociales sobre sobre el trato a los animales. Ocurrió, por ejemplo, en el Ecuador con el caso de unos chicos que aparecen en un video lanzando un gato a una piscina. La reacción de personas pidiendo incluso la pena de muerte de los chicos expuso el fanatismo que generan algunas causas que tienen una esencia profundamente ética como el respeto a lo animales. Lo que ocurrió a la concejal Padilla refleja cómo ciertos políticos, líderes de opinión o personas en general que se han embarcado en el animalismo, han comenzado a considerar los animales como sujetos de derechos iguales que las personas. El video se puede ver en este enlace a una nota (caracol.com.co/radio/2020/01/10/politica/1578636021_400905.html?ssm=tw) de Caracol de Colombia.
¿Y cuál es su aforismo favorito? Diario El País de España decidió hacer un ejercicio inédito y muy interesante (elpais.com/cultura/2020/01/10/babelia/1578672290_062393.html) : pedir a 40 figuras de la cultura, la escritura y la filosofía que hablan español que compartan su aforismo preferido. Es decir, una frase o sentencia breve que se propone como regla en alguna ciencia o arte, como define la Real Academia al aforismo. El resultado es divertido y enriquecedor. Filósofos como Fernando Savater, poetas como Darío Jaramillo Agudelo o novelistas como Sergio Ramírez cuentan al diario cuál es su aforismo favorito. “El hombre que desdeña o teme aventurarse en un lugar oscuro, puede ser una excelente persona, apto para mil cosas, pero no será nunca un buen viajero sentimental” es, por ejemplo, el aforismo de Laurence Sterne que escogió Sergio Ramírez. “Si alguien dice: ‘Todos los vascos son unos sinvergüenzas’, los nacionalistas se quedan contentos. Lo importante es el todos” es, en cambio, el aforismo de Iñaki Uriarte que escogió Savater. “La belleza es siempre terror domesticado” de Régis Debray fue, por su lado, escogido por el filósofo Enrique Lynch. La nota de El País permite enriquecer el ejercicio de pensar a partir de frases que han impactado a personas que son referentes de la cultura hispanohablante. María F. Espinosa podría ser el peón del AMLO (4pelagatos.com/2020/01/10/maria-f-espinosa-podria-ser-el-peon-de-amlo/)
Y ahora, ¿qué hacer con Jamil Mahuad? (4pelagatos.com/2020/01/10/y-ahora-que-hacer-con-jamil-mahuad/)
Juicio a Correa: la madre de todas las batallas (4pelagatos.com/2020/01/08/juicio-a-correa-la-madre-de-todas-las-batallas/)
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