POR SU PROPIA BOCA MUERE EL PEZ

La boquita de ramera que ya caracterizó al ex-presidente Correa, junto a sus actos estrafalarios, dictatoriales y totalmente desapegados a la ley, parece ser el “denominador común” de esta banda de delincuentes y rufianes correistas que quieren torcer las leyes a su gusto y antojo para imponer A LA FUERZA su presencia en todos los poderes del estado ecuatoriano.

El cura Jose Tuarez, Presidente de CPCCS, quien aparentemente se ha comprobado que mintió y falsificó documentos para lograr su candidatura y elección, ahora con toda la estupidez que ya caracteriza a todos los malandros correistas, en lugar de intentar ganarse el otro 80% de la población que no votó por el, mas bien atrajo todo el poder de ataque que tiene la ciudadanía ecuatoriana, en su contra. Todo esto gracias a la “verborrea de puta barata” que viene imitando magníficamente del ex-presidente Rafael Correa Delgado, lo cual provocó irremediablemente que en lugar de tener éxito le saliera el tiro por la culata. Así fue como, en lugar de ganarse el respaldo del pueblo ecuatoriano, ahora con mas razón y mas rencor el pueblo ecuatoriano quieren hacerlo desaparecer del mapa político a la velocidad del rayo.

Esta claro que el Ecuador ya esta harto y cansado de todos estos rufianes, ladrones y rateros, delincuentes correistas, -estén donde estén-, Alianza País o Revolución Ciudadana. Lo que el pueblo quiere es meterlos a todos en la cárcel.

La Fiscalía General del Estado ecuatoriano (FGE)  abrió este jueves una nueva investigación/indagación previa en contra de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (CPCCS), quienes fueron acusados del delito de “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”, al dar paso a la creación de una comisión especializada para revisar la selección de los jueces de la Corte Constitucional, (CC), que hicieron sus predecesores en el ente Transitorio.

Las denuncias fueron planteadas en horas de la mañana de este jueves por Geovanni Atarihuana, de la Unidad Popular; Ramiro García, del Colegio de Abogados de Pichincha, y los legisladores Jeaninne Cruz, de CREO; y Raúl Tello, del BADI. Antes de la media noche la Fiscalía abrió la indagación previa contra los consejeros José Tuárez, Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria Desintonio por incurrir en lo determinado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Esto, porque el pasado miércoles 10 de julio los cuatro consejeros, -de siete que integran el Consejo-, aprobaron con sus votos la creación de una comisión especializada para revisar la selección de los jueces de la Corte Constitucional, (CC), que hicieron sus predecesores en el ente Transitorio, aún cuando existe una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional que establece que las resoluciones adoptadas por el “CPCCS Transitorio”, no pueden ser revisadas, al emanar del mandato popular del 4 de febrero del 2018.

Como parte de la investigación fiscal, se convocó a los denunciantes a reconocer su denuncia el próximo 16 de julio; que el Consejo Nacional Electoral (CNE) remita las credenciales que les fueron entregadas a los cuatro consejeros al ser elegidos en las elecciones del 24 de marzo del 2019; y, que la Asamblea Nacional envíe las actas de posesión de los funcionarios.

Mientras tanto el CPCCS dispuso que esa comisión especializada esté conformada por los abogados: Eduardo Taipe, Daniel Ruiz, Jorge Fabara y Jorge Sosa, quienes debían revisar “administrativamente” el proceso de selección de los magistrados de la CC.

Pero incluso este propósito no podrá efectuarse por orden de la justicia ordinaria. La tarde de este jueves, la jueza Irene Pérez Villacís, de la Unidad Penal de Quito, ordenó la suspensión inmediata del funcionamiento de esa comisión, al aceptar una medida cautelar planteada por el legislador Fabricio Villamar.

 

 

 

 

 

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